El 16 de
abril, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el
Ministerio Público (MP) dieron a conocer investigaciones y escuchas telefónicas
acerca de la red de defraudación aduanera conocida como “La línea”. En el
que el principal sindicado era Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la
exvicepresidenta Roxanna Baldetti.
Monzón se
dio a la fuga, desde que se anunció su captura. La presión ciudadana se hizo
presente con manifestaciones en la Plaza de la Constitución, con las cuales
lograron la renuncia de Baldetti y de Otto Pérez Molina, expresidente de la
República. Obviamente la persecución penal vino después. Los antes poderosos
ahora se encuentran recluidos en prisión y permanecerán allí en las fiestas de
fin de año, debido a que la adjudicatura que lleva el caso inicia vacaciones el
4 de diciembre.
Hasta el
momento son 42 las personas capturadas en el caso la línea y son 19 las que se
encuentran prófugas de la justicia.
Los exgobernantes Roxana Baldetti y Otto Pérez
Molina encabezan la lista de 42 privados de libertad que permanecerán en
prisión durante Navidad y las fiestas de fin de año por su supuesta
participación en actos de corrupción que desfalcaron al Estado entre ellos, el
Caso La Línea.
La audiencia inició con la lectura y explicación de las acusaciones de corrupción
que provocaron la renuncia de Pérez Molina como mandatario de la nación
centroamericana.
Dijo que no se había sentido utilizado por la ex Vicepresidenta Roxana
Baldetti, ni por nadie.
“Yo tuve herramientas, puede haber sacado a la CICIG, pude haber cambiado a
la fiscal, me pude haber atrincherado y no lo hice” y cuando en la audiencia se
presentaron algunas escuchas telefónicas como prueba del entramado de
corrupción, dijo: “ahí los que hablan son los verdaderos responsables, a ellos
podrían señalarlos, sindicarlos directamente, pero por terceras personas, eso
sólo acá en Guatemala”.
Otto Pérez Molina resalta en el primer día de la
audiencia de primera declaración de Roxana Baldetti, en una escucha
telefónica donde exige el cambio del jefe de Recursos Humanos de la SAT, órden
que da directamente al superintendente Carlos Muñoz.
Pérez Molina reclama a Muñoz por la demora en
cambiar al jefe de Recursos Humanos de la SAT, puesto clave según señala el
Ministerio Público, para mantener el control de las cuatro importantes aduanas
del país y donde se tenía y quería conservar el control y facilitar el trabajo
de La Línea.
Durante la gestión de Pérez Molina, los cambios en la gerencia de Recursos
Humanos de la SAT fue constante y en la escucha telefónica presentada este
lunes, el mandatario es claro y exige que se haga el cambio.
"Eel de Recursos Humanos, que habíamos dicho de los cambios, porque si
no no me va a caminar nada. Ya el sindicato ya dice que va a empezar a
boicotear y hacer cosas, entonces antes de eso... Entrémole", se escucha a
Pérez Molina reclamando a Muñoz.
La investigación del MP y la Cicig señala que la estructura de La Línea y el
éxito de su operación, se basaba en controlar todos los puestos claves en las
aduanas y en el área administrativa de la SAT, desde la superintendencia hasta
los vistas estaban bajo el control y órden de la estructura.
La insistencia de Pérez Molina, pareciera explicar y ampliar los detalles ya
revelados por el MP y se tiene que mantener gente de confianza en Recursos
Humanos, de manera que el control, traslado y contratos, sean siempre de
personas que puedan colaborar con La Línea.
Durante la conversación con Muñoz, se escucha al Presidente exigiendo:
"Ponga entonces a ese Sebastián... pero póngamelo ya, mañana", a lo
que el jefe de la SAT responde: "Hoy mismo hago el cambio,
Presidente".
.
Sebastián Herrera Carrera, es a quién el Presidente aprobó como gerente de
Recursos Humanos de la SAT y Muñoz lo nombró, puesto que mantuvo hasta su
captura en abril pasado y actualmente está ligado por formar parte de la
estructura de La Línea.
Herrera Carrera fue capturado el 16 de abril y en su audiencia decidió
declarar e intentar explicar que los cambios y traslados que durante su gestión
hizo de personal en aduanas fueron solo ordenes cumplidas, pero nunca reconoció
que llegó a ocupar la gerencia de Recursos Humanos por órden presidencial.
Herrera Carrera por el contrario en su primera declaración intentó evadir la
responsabilidad de traslados en aduanas, al indicar que “ningún movimiento se
hace sin la autorización de la intendente”, refiriéndose a la entonces máxima
jefa de aduanas, Claudia Méndez Asencio.
Quiero con este ejemplo que he citado en los párrafos anteriores, que por las escuchas haber sido utilizadas por la ley (CICIG y Ministerio Publico), para demostrar con pruebas que en el país guatemalteco, el presidente y la vicepresidenta estaban cometiendo delitos.
PROPORCIONALIDAD: La Vigilancia de las
Comunicaciones debería ser considerada como un acto altamente intrusivo
que interfiere con los derechos humanos, amenazando los cimientos de una
sociedad democrática. Las decisiones sobre la Vigilancia de las
Comunicaciones deben considerar la sensibilidad de la información
accesible y la gravedad de la infracción sobre los derechos humanos y
otros intereses en competencia.
Esto requiere que un Estado, como mínimo, debe demostrar lo
siguiente-a una autoridad judicial competente-antes de la realización de
la Vigilancia de las Comunicaciones para los fines de hacer cumplir la
ley, la protección de la seguridad nacional, o la recolección de
inteligencia:
- Existe un alto grado de probabilidad de que un delito grave o
una amenaza específica para un fin legítimo ha sido o será llevado a
cabo, y;
- Existe un alto grado de probabilidad de que las evidencias
pertinentes y materiales de un delito tan grave o amenaza específica
para un fin legítimo se conseguirían mediante el acceso solicitado a la
la Información Protegida, y;
- Otras técnicas de investigación que son menos invasivas ya han sido
agotadas o serían inútiles, de modo que la técnica usada sería la menos
invasiva en la práctica. Y;
- La información a la que se accederá estará limitada a lo relevante y
material para el serio crimen o la amenaza especifica al fin legitimo
alegado; y
- Cualquier información excedente no será retenida, siendo en su lugar destruida o devuelta con prontitud; y
- La información será accesada solo por la autoridad especifica y
usada solamente para los propósitos y durante los lapsos para los cuales
se otorgó autorización; y
- Que las actividades de vigilancia solicitadas y técnicas propuestas
no menoscaben la esencia del derecho a la privacidad o de las libertades
fundamentales.
AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE: Las decisiones
relacionadas con la Vigilancia de las Comunicaciones deben ser
realizadas por una autoridad judicial competente que sea imparcial e
independiente. La autoridad debe:
- Estar separada e independiente de las autoridades encargadas de la Vigilancia de las Comunicaciones.
- Estar capacitada en materias relacionadas y competente para tomar
decisiones judiciales sobre la legalidad de la Vigilancia de las
Comunicaciones, las tecnologías utilizadas y los derechos humanos, y
- Tener los recursos adecuados en el ejercicio de las funciones que se le asignen.
DEBIDO PROCESO: El debido proceso exige que los
Estados respeten y garanticen los derechos humanos de las personas
asegurando que los procedimientos legales que rigen cualquier
interferencia con los derechos humanos estén enumerados apropiadamente
en la ley, sean practicados consistentemente y estén disponibles para el
público general. Específicamente, al decidir sobre sus derechos, toda
persona tiene derecho a una audiencia pública y justa dentro de un plazo
razonable por un tribunal independiente, competente e imparcial
establecido por ley,
salvo en casos de emergencia donde exista un riesgo inminente de
peligro para la vida humana. En tales casos, debe buscarse una
autorización con efecto retroactivo dentro de un plazo razonable y
factible. El mero riesgo de fuga o de destrucción de pruebas no se
considerará suficiente para justificar la autorización con efecto
retroactivo.
En cambio en la tarea anterior donde una radio, sin autorización de la ley, emitió juicio contra el futbolista Karim Benzema, se está violentando la proporcionalidad descrita anteriormente y no se está apegando aun debido proceso.
A continuación dejo algunos links que me sirvieron para realizar esta tarea.
http://www.elsalvador.com/articulo/internacional/escuchas-telefonicas-hunden-presidente-vicepresidenta-actos-corrupcion-85482
